Europa-Mercosur: Comercio para
pocos
Organizaciones sociales, sindicales y académicas
advierten sobre los riesgos para el desarrollo industrial y las pymes de los
países del Mercosur que tendría el acuerdo de libre comercio con la Unión
Europea, que continúa negociándose entre ambos bloques. Los sectores que
podrían ser más afectados y qué podría implicar en pérdida de puestos de
trabajo.
Por Vanina Lombardi
Agencia TSS – La última ronda de negociaciones por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se realizó a fines de
abril en Bruselas, Bélgica, cerró nuevamente sin llegar a un acuerdo entre las
partes. Tampoco se acordó cuál será la próxima fecha para continuar el diálogo.
Quienes sí están de acuerdo son los representantes sindicales,
académicos y de la sociedad civil, preocupados por los posibles impactos
negativos que este tratado puede tener sobre los distintos sectores productivos
de la región, por la falta de transparencia y de participación en el proceso de
negociación, por la desigualdad entre las partes que están negociando y por el
contexto político en el que se está desarrollando.
“Nos preocupa el estado actual de la negociación, el conocimiento de lo
que está pasando y la participación de los potenciales afectados de esas
negociaciones”, afirmó Adrian Makuc, secretario de la Unión
Industrial Argentina (UIA) y profesor en la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en un encuentro de
reflexión y debate sobre este acuerdo organizado por la Fundación
Friedrich Ebert en Buenos Aires, días después de que se cerrara
la última roda de negociaciones.
El acuerdo marco para el desarrollo de este tratado se firmó en el año
1995, en Madrid. Desde entonces, los negociadores no logran ponerse de acuerdo.
“Desde que se lanzó la negociación hay un desequilibrio entre la Unión Europea
desarrollada y el Mercosur en desarrollo, que juega en contra del Mercosur
porque nunca se le reconoció la capacidad de recibir un trato diferenciado en
la negociación”, recordó Makuc, que fue uno de los negociadores y se desempeñó
durante 16 años como director de política comercial de la Secretaría de
Comercio Exterior de la Nación. “Los funcionarios que representan a los países
del sur no son estables como los de la Unión Europea y eso es un desequilibrio
serio”, agregó el especialista.
En
Europa los agricultores también se han manifestado en contra del acuerdo debido
al impacto que podría tener en su actividad.
Hoy, abrirse al mundo a través de un tratado de libre comercio (TLC) con
la Unión Europea significaría cerrar oportunidades hacia el interior de los
países del Mercosur, ya que pondría en riesgo cuestiones centrales para el
desarrollo y la soberanía, como el acceso a la salud, la alimentación y el
empleo. Según un documento elaborado por la
Asamblea Argentina mejor sin TLC, por ejemplo, se estima que se
podrían perder 186.000 puestos de trabajo industriales en la Argentina, y que
las empresas nacionales de sectores “sensibles”, como textiles, juguetes,
marroquinería y muebles, se verían seriamente afectadas por el incremento en
las importaciones. Además, se advierte que también está en riesgo el empleo
industrial en sectores de larga trayectoria en la Argentina, como metalmecánica
y el complejo automotor (uno de los más relevantes en el intercambio comercial
entre la Argentina y su principal socio en la región: Brasil).
“No es un tratado de libre comercio, es un tratado que regula todo. La
Unión Europea sabe que nuestros gobernantes necesitan la foto con la firma,
pero por una cuestión de imagen y porque los gobiernos de Argentina y Brasil en
particular necesitan mostrar que ingresan al mundo, como si se hubieran ido”,
comentó Marita González, representante de la Confederacion General del Trabajo (CGT)
e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA). González se refirió a
algunos de los aspectos más conflictivos de esta negociación, como el de las
compras gubernamentales, “porque no solo alcanzaría a las obras nacionales sino
también a nivel provincial, lo que afectaría a las empresas que mueven las
economías regionales”. Se refiere a una de las cláusulas que la Unión
Europea pretende incluir en el acuerdo, que habilitaría a empresas de aquella
región a participar en licitaciones públicas en el Mercosur sin la posibilidad
de que los países puedan establecer algún tipo de preferencia, ni siquiera en
igualdad de ofertas, para las empresas locales.
“Nos preocupa ser convidados de piedra de esta negociación”, sostuvo
Emilio Katz, vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos
Empresarios(APYME), y advirtió sobre la situación crítica del sector
que representa, que en los dos últimos años y medio ha registrado al menos
7.000 pymes cerradas y otras 250.000 embargadas, lo que les impide solicitar
créditos para continuar con sus actividades. “Cuando nos plantean que las pymes
tienen que reconvertirse, pienso en el 80% de la mano de obra empleada y que se
ha ido formando dentro de ellas. ¿En qué se va a reconvertir un empresario
argentino que hace 50 años tiene su empresa y le cierran toda posibilidad a
futuro?”, cuestionó el especialista y criticó la desvalorización de las
capacidades de los sectores científicos y técnicos locales, como los despidos a
trabajadores del INTI.
Aumentar
la exportación de carne a Europa es uno de los objetivos del Mercosur en las
negociaciones con la UE.
Otra de las cláusulas cuestionadas en este acuerdo se vincula con los
componentes locales o nacionales que debe incluir un producto para ser
considerado como tal. Esto podría afectar a distintos sectores productivos, ya
que las regulaciones europeas son menos exigentes que las del Mercosur.
“Solicitamos que se mantenga la posición a nivel Mercosur, de un contenido de
60% de componentes locales”, afirmó María Victoria Vidal, de la Asociación
de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA),
y explicó que la UE solo exige un 4% de componentes locales y “esta pidiendo
flexibilizar el contenido de origen, lo que nos preocupa desde el sector
metalúrgico, que está compuesto por 24.000 pymes, ya que si bien puede venir
una máquina de Europa, esta podría tener gran parte de componentes del sudeste
asiático”.
Algo similar podría ocurrir en el sector textil. “En un mundo adonde
todos tienen necesidad de vender, nadie quiere comprar y cada uno defiende su
mercado, ¿quién nos asegura que el zapato que hoy compra nuestra clase
media alta como fabricado en Italia no ha sido fabricado en Vietnam?”, advirtió
Raúl Hutin, de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)
y de la Fundación Pro Tejer, una asociación que
representa a alrededor de 450.000 personas que trabajan en el sector textil,
desde la explotación del algodón hasta la confección de la prenda, y advirtió:
“Todos sabemos cuál es la diferencia de salario e impuestos que tenemos con el
sudeste asiático. ¿Eso es lo que pretendemos para nuestra sociedad”, preguntó.
La navegación de los ríos Paraná y Paraguay es otra de las
preocupaciones clave que plantea este acuerdo. “Nos remite casi al siglo XIX.
El transporte fluvial tiene ventajas enormes frente al ferrocarril y al
transporte de cargas. La explosión agrícola que hubo en el Mato Grosso do Sul
baja por el río. En la época de Menem, en los años noventa, se abrió la
exportación de remolques de empuje y barcazas usadas en el río Misisipi y, de
repente, todos lo astilleros que construían barcazas en la Argentina quedaron
desamantelados”, recordó el doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales José
Amiune, y agregó que en Europa hay tres cuencas interconectadas, las de los
ríos Danubio, Rin y Mosela, por las cuales circula una flota que también se
renueva periódicamente. “Es claro que quieren ubicar el material de esos ríos
acá. Hoy, la empresa más grande que circula en el Paraná es de Estados Unidos y
es la única que lleva bandera argentina”, se lamentó.
Las cláusulas vinculadas con las indicaciones geográficas son otra
preocupación, ya que otorgarían exclusividad en el uso del nombre (similar a
una marca) y que se extendería a un listado de más de 300 productos presentados
por la UE con denominación de origen, entre los cuales figuran una amplia
variedad de quesos fabricados y consumidos en el país desde hace mucho tiempo,
como fontina, parmesano, reggiano, provolone, gouda y muzzarella; y con los
aspectos de propiedad intelectual que la UE pretende sumar al acuerdo y que
podría afectar a distintos sectores, como el agrario (a través de las patentes
para las semillas, por ejemplo, lo que en la Argentina chocaría con la ley de
semillas actual) y el de producción de medicamentos. “La Unión Europea rompe
con lo que dice la OMC sobre este tema: para la Argentina significaría trabas
para que los 140 laboratorios locales puedan producir genéricos. Nuestro
sistema de salud atraviesa una fuerte crisis financiera vinculada con los
tratamientos de larga duración, como diabetes, reuma y cáncer, que hoy son
tratables pero costosos”, afirmó González. Y advirtió: “Nuestras leyes
garantizan el acceso, pero, ¿qué pasaría si tener que comprar medicamentos de
mayor costo vuelven imposible su gratuidad?”.
10 may 2018
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